El año 2009 con la nueva Constitución Política del Estado, Bolivia introduce cambios estructurales políticos e institucionales. A partir de entonces los bosques naturales y los suelos forestales son considerados integralmente y de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. En el plano normativo la Constitución Política del Estado (CPE), estableció que una Ley sectorial regula
ría la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica y que las comunidades indígena originario campesinas situadas dentro de áreas forestales serían consideradas titulares del derecho exclusivo de aprovechamiento de los recursos forestales en sus Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). En el plano institucional la CPE estableció que el Estado asumiría el control y dirección sobre la planificación, manejo, aprovechamiento, acopio, transporte, transformación, industrialización y comercialización de todos los recursos forestales maderables y no maderables. A este efecto se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) el 9 de abril del año 2009, a través del Decreto Supremo N° 071. Esta nueva entidad, que reemplaza a dos ex Superintendencias (Agraria y Forestal, de la década de los 90), no sólo fusiona estas dos instituciones antiguas, sino que, tiene una nueva misión estratégica y es de carácter técnico. El órgano rector de la ABT es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y su Máxima Autoridad Ejecutiva es designada por el Presidente del Estado Plurinacional.
