23/09/2014
Los reveladores balances de las empresas que más facturan.
Los números de las firmas líderes desmienten el discurso hegemónico que relaciona al salario con los ajustes de precios. Las verdaderas razones: falta de inversión, distribución de utilidades y rentabilidad récord.
Los números tienen el mismo efecto revelador que las imágenes: pueden valer más que mil palabras. Basta observar los balances de las empresas que más facturan en el país para corroborarlo. Allí, en sus propias cifras, naufragan las frecuentes predicciones fatalistas del establishment. Por citar los más remanidas: que la intervención del Estado genera “inseguridad jurídica”, que la tensión política propicia un “mal clima de negocios” y que el aumento de salarios empuja la escalada de precios. Los propios empresarios cuentan con evidencias que los desmienten, pero los pronósticos falseados se repiten como mantras. Y suelen ser amplificados por sus solícitos voceros mediáticos. El ejercicio lleva décadas de entrenamiento: para garantizar una mayor porción de la torta, nada mejor que hacer creer que la torta tiene el diminuto tamaño de un scon.
El último escozor empresarial brotó con la sola mención del proyecto que tiene en carpeta el diputado nacional Héctor Recalde (ver recuadro) y que, como adelantó el diario Tiempo Argentino, tiene por fin hacer cumplir el artículo 14 bis de la Constitución, que reconoce la participación del trabajador en las ganancias de las empresas. En el despacho de Recalde basan sus expectativas de que esta iniciativa prospere en los propios balances que las principales compañías locales, de alto impacto en la formación de precios, vienen presentando en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Para graficarlo, los asesores del diputado conformaron una muestra de diez casos de referencia, a la que Veintitrés tuvo acceso, y que indica que en el ejercicio 2009 la rentabilidad bruta promedio fue del 25 por ciento, con picos que superan con creces la media recogida a nivel internacional, que tiene una ratio estándar inferior al 20 por ciento de la facturación total.
Los casos más destacados fueron los del grupo cervecero chileno ICSA, que viene creciendo en el ámbito local y que obtuvo una rentabilidad bruta del 54 por ciento; el de la metalúrgica Tenaris, con una ganancia del 40,30 por ciento, o Loma Negra, la cementera que Amalita Fortabat vendió al holding brasileño Camargo Correa y que el año pasado obtuvo un margen bruto del 30,77 por ciento. En el rubro de los productos alimenticios, donde se vienen registrando los mayores aumentos de precios y que a través de la canasta básica impacta de lleno sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, el poderoso grupo Arcor consiguió una rentabilidad del 32,61 por ciento; en el caso de la cooperativa láctea Sancor, fue del 27,35 por ciento, y en el del frigorífico norteamericano Quickfood, del 20 por ciento.
Estas ganancias repitieron casi sin alteraciones la performance obtenida por la elite del empresariado local en 2008, cuando la rentabilidad promedió el 27 por ciento. Es decir que en los últimos dos años, marcados a nivel global por una crisis económica y una contracción de los mercados con pocos precedentes, los grupos líderes, que manejan el termómetro de los precios en el país, en sus diferentes rubros mantuvieron en alto la tasa de ganancia.
Para los expertos consultados por esta revista, una de las explicaciones del “milagro” responde a los anticuerpos de la macroeconomía local, que se mantuvo estable y permitió capear el crack, pero también a la estrategia seguida por los “hombres de negocios”, que ante el riesgo de perder una parte de su lucro se recostaron sobre el salario de los consumidores, remarcando los precios en las góndolas y en productos clave para la cadena productiva. Una vez superado lo más duro del trance financiero, los líderes del sector privado repitieron la fórmula, ahora para capitalizar la suba del poder adquisitivo que desde abajo empujaron medidas como la Asignación Universal por Hijo y los buenos resultados obtenidos por las negociaciones laborales. Es decir que ante un crecimiento de la demanda, en lugar de multiplicar la oferta, el empresariado optó, de nuevo, por subir los precios para mantener intacto su margen de rentabilidad.
“¿Por qué aparece la inflación cuando se jubilan más de 1.800.000 personas y se implementa la Asignación Universal por Hijo? Sumados, esos recursos son consumo y forman el 2 por ciento del Producto Bruto Interno”, señaló Francisco dos Reis, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). Sin déficit comercial ni fiscal, sin un dólar oscilante ni falta de divisas en el Banco Central –las variables clásicas para explicar la inflación–, Dos Reis concluyó que “hay una expropiación de esa masa de recursos, que los más humildes les transfieren a los grupos concentrados. Es decir que son las grandes empresas las que generan esta inflación.”
Para el director del Plan Fénix, Abraham Gak, se trata de “una batalla por la apropiación de la renta entre el sector capitalista y el asalariado”. Gak, que considera clave “una reforma tributaria que acelere la redistribución del ingreso”, sostuvo que “hay un crecimiento significativo en la demanda de bienes de consumo por parte de la población y los sectores productores ven la oportunidad justa para apropiarse de la renta de forma simple”.
En paralelo a este lucro en alza, que incluso los más agoreros terminaron por reconocer, los salarios de los trabajadores siguen mostrando un impacto bajo en los costos empresariales, a pesar del discurso impuesto desde el establishment. En un opus perfecto, la Unión Industrial, la Sociedad Rural y la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) lograron encumbrar en los medios y en una parte importante de la opinión pública la vieja idea del “desborde sindical” y su efecto más temido: la “inflación por salario”. Una forma de decir que si se pagan mejores sueldos, el empresariado no tendrá otra alternativa para sobrevivir que aumentar, a su vez, los precios. Sin embargo, la hipótesis no resiste los propios números de las empresas líderes, donde queda en claro que no son los sueldos los que remarcan.
En la muestra empresarial antes mencionada, el costo laboral promedio fue del 12 por ciento. Esto significa que mientras muchas compañías obtienen una rentabilidad que supera con creces el 20 por ciento, los salarios que pagan apenas representan poco más del 10 por ciento de sus gastos totales. Así las cosas, por cada 100 pesos que el sector privado desembolsa, sólo diez van a la billetera de los trabajadores. La relación es aún más elocuente si se saca un coeficiente entre los costos laborales y las ventas, lo que permite ver qué parte de lo facturado queda para el empresario (utilidad bruta) y qué parte para los empleados. Si bien las mayores diferencias se ven en el rubro de las industrias pesadas, como en los casos de Tenaris, Aluar, Acindar o Loma Negra, la brecha se repite en los guarismos que arrojan las alimenticias. En Quickfood, mientras la compañía obtiene de las ventas un lucro de casi el 20 por ciento, su costo laboral es del 10,5 por ciento, por lo que la masa asalariada participa en sólo un 8,48 por ciento de lo facturado. En cuanto a Arcor, con una rentabilidad del 32,61 por ciento, sus gastos salariales son del 26,79 por ciento, es decir, 18 por ciento de lo obtenido por las ventas. En el caso de Molinos Río de la Plata, la brecha fue más corta.
Roberto Dvoskin, quien fue subsecretario de Comercio Interior entre 1986 y 1989, y vivió lo más duro de la hiperinflación alfonsinista, consideró que “en la Argentina, un país en donde existe una producción concentrada, es claro que en vez de aumentar la producción, muchos deciden aumentar los precios, lo que sin duda beneficia a los sectores más altos sobre los más vulnerables”. Especialista en temas de consumo de la Universidad de San Andrés y consultor del BID y el Banco Mundial, Dvoskin remarcó que “la lógica del empresario es obtener más ganancias, así como la del trabajador es aumentar el sueldo, por lo que mientras no exista una intervención estatal, la balanza siempre va a inclinarse del lado de los empresarios”.
Por su parte, Marcelo Fernández, representante de las pymes y titular de la Confederación General Empresaria, agregó que “las empresas monopólicas, aprovechando lo que leen en los diarios o escuchan por televisión, deciden aumentar los precios”. Fernández opinó que “la inflación les sirve a los que quieren especular y piensan que al salario conviene tenerlo bajo, porque entienden al trabajador como cualquier otro costo y no se dan cuenta de que son consumidores”. Se trata, en definitiva, de defender un salario competitivo como base de una economía apuntalada por su mercado interno, que para las pymes es clave pero que para la mayoría de las megaempresas, muchas de ellas con participación transnacional, es una suerte de “patio trasero”.
Desde el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, el economista Tomás Raffo explicó que “la inflación también revela un problema en el patrón productivo”, al que definió como “débil”. Para Raffo, es por esta razón que “las actividades de bajo nivel de valor agregado, que son las de energía, alimentos y commodities, y tienen por sobre todo una rentabilidad extraordinaria, no invierten lo suficiente para acompañar el conjunto de crecimiento económico”. Desde su mirada, faltan incentivos para invertir, para lo que “habría que penalizar y castigar las excesivas ganancias que demanden un nivel de inversión insuficiente y luego redistribuirlas”.
Sobre este punto, el sector privado viene perdiendo posiciones respecto de la inversión pública, que se multiplicó en más de un 300 por ciento en los últimos siete años, según informó recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas. Mientras en 2003 la relación era un 7,9 por ciento para el Estado y un 92,1 por ciento para los privados, hoy se pasó a un 15,5 y un 84,5 por ciento, respectivamente. En paralelo, el “grifo” de la fuga de capitales muestra que entre 2008 y 2009 se giraron al exterior 37.100 millones de dólares, en tanto que en el primer trimestre de este año se alcanzaron los 3.800 millones en moneda norteamericana. Con estas cifras de dinero “fugitivo”, que abandona el país sin dejar rastro, los difundidos temores por las presuntas “negociaciones salariales desmedidas que espantan a los inversores” se hacen difíciles de sostener. Y más aún cuando los números, implacables, dicen lo suyo.
Fuente Veintitrés
