El Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social de Planeación Nacional, declaró mediante Documento CONPES 3413, la importancia estratégica de un programa de concesiones viales, que incluía el desarrollo de once proyectos carreteros, con el fin de contribuir al mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de transporte, promover la competitividad del
país y potenciar los beneficios derivados de la suscripción de acuerdos comerciales con terceros países. En este sentido, con la asesoría de la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial, le solicitó al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Concesiones – INCO, desarrollar la estructuración de los contratos y de los procesos precontractuales de dichos proyectos, de acuerdo con lo previsto en los lineamientos de política para el desarrollo de concesiones viales y para el manejo de riesgo contractual del Estado en proyectos de participación privada en infraestructura. Dentro de las once concesiones contenidas en el citado programa, se incluía la realización de un proyecto vial, para mejorar la conexión vial del centro del país con la Costa Atlántica, a través del corredor Bogotá (El cortijo) – Villeta – Puerto Salgar – San Alberto – Santa Marta, y así reducir costos de transporte y favorecer una mayor integración productiva e inclusión social entre el Caribe Colombiano y el interior del país
